Opositores acusaban que los titulares de Energía, Medio Ambiente y Minería debieron inhabilitarse por un eventual conflicto de interés en la votación en que se aprobó el proyecto.
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Un fuerte respaldo dio la Contraloría General de la República al actuar del comité de ministros, en medio de una polémica por la aprobación dada al proyecto Central Cuervo, de propiedad de Energía Austral.
El pasado lunes, la entidad desestimó impugnar la actuación de tres ministros que formaron parte de la sesión del comité de ministros que dio luz verde a la iniciativa. La solicitud había sido interpuesta por parte de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), una de las principales organizaciones opositoras al proyecto hidroeléctrico que se pretende instalar en la región de Aysén.
La organización, junto con otras organizaciones sociales y ambientales, había solicitado a Contraloría reprochar la actuación de los ministros de Energía, Medio Ambiente y Minería, Máximo Pacheco, Pablo Badenier y Aurora Williams. A juicio de la agrupación los tres secretarios de Estado debieron inhabilitarse por supuestos conflictos de interés generados previo a la votación que se realizó el pasado 18 de enero, cuando el comité de ministros conociera las reclamaciones interpuestas en contra de la resolución de calefacción ambiental que aprobó el proyecto energético de la Central Hidroeléctrica Cuervo.
En el caso de la Ministra de Minería, Aurora Williams, la acusación se fundaba en su participación en el directorio de Enami, donde comparte asiento con la abogada Verónica Barahona, ex subsecretaria de Minería y actual superintendente de Asuntos Legales de Glencore, uno de los socios del proyecto hidroeléctrico.
Al respecto, la respuesta de la entidad fiscalizadora fue tajante. “La sola circunstancia de que ambas integren el directorio de Enami es insuficiente para presumir que esa autoridad haya visto mermada su imparcialidad en la materia, y, por ende, haya debido abstenerse de integrar el aludido comité en la oportunidad en cuestión”, señaló el dictamen.
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Respecto a Badenier y Pacheco, la acusación se basaba en reuniones realizadas antes de la votación, al amparo de la ley de Lobby. Esto también fue desechado por la entidad.
“En cuanto a las reuniones que los ministros cuestionados habrían celebrado al amparo de la Ley 20.730, cabe señalar que esa ley, según lo previene su artículo 1°, regula la publicidad de la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado (…) Un criterio contrario implicaría que los sujetos pasivos de la ley referida nunca podrían conceder las audiencias que se les soliciten, ya que ello conllevaría una futura inhabilidad de pronunciamiento, lo que contraviene el espíritu perseguido por ese texto legal”, se señaló.
“De este modo, la sola circunstancia de que los ministros de Estado a que aluden los recurrentes hayan concedido audiencias al amparo de ese ordenamiento, no ha podido significar la inhabilidad de los mismos para intervenir en la sesión de que se trata”, concluyó.
Reacción. Patricio Segura, presidente de Codesa, insistió en que los ministros aludidos debieron abstenerse en la votación que finalmente dio luz verde al proyecto. Además criticó la demora de la autoridad en entregar el informe final de la sesión en cuestión.
“Nos han tenido amarrados de manos, porque no hemos podido recurrir ni a los tribunales de justicia ni a los tribunales ambientales, porque no estamos notificados de la resolución”, advirtió el dirigente, quien añadió que “es irregular que a seis meses de que se tomara una determinación”.
Explicó, además, que uno de los caminos que barajan los opositores es recurrir de reposición a la Contraloría por el último dictamen.
La Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) es una de las principales organizaciones opositoras al proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo de Energía Austral.
Fuente: Pulso www.chileenergias.cl
