Industriales han visto incrementos en sus tarifas por cargos asociados a los cambios regulatorios de los últimos años, como la reforma a Ley de Transmisión Eléctrica. En vista de las nuevas regulaciones que están en trámite, optaron por agruparse a nivel nacional, para ser una contraparte de la autoridad e involucrarse más en los temas regulatorios eléctricos, por el impacto que tienen en sus costos.
Tras las licitaciones de energía ocurridas en 2016 y 2017, que impulsaron un descenso en los precios, no fueron pocos los grandes consumidores que optaron por renegociar sus contratos vigentes y otros por moverse de segmento y convertirse también en clientes libres, aprovechando un cambio legal vigente desde 2015. Hoy representan un espectro amplio, que va desde grandes mineras hasta pequeños comercios y edificios, pasando por industrias, plantas de procesos, retailers, hospitales y bancos, entre otros.
Si al cierre de 2015 eran 74 las empresas que contrataban su electricidad directo con una generadora y representaban el 45% del consumo total de energía, de acuerdo con datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), y según cifras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizadas a agosto, actualmente los clientes libres son 801 y consumen el 59% de la energía que se produce en el país.
Las estimaciones de la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados (Acenor) apuntan a que hacia 2022, el industrial del ejemplo anterior podría enfrentar un sobrecosto superior a los US$ 4 millones anuales. “Estimamos que hacia 2025, el incremento de estos cargos podría rondar los US$ 8 por MWh, lo que sumado al alza de US$ 11 por MWh que tuvimos por todos los cambios de la Ley de Transmisión Eléctrica, tendremos casi US$ 20 por MWh de cargos adicionales, en circunstancias que en las renegociaciones de contratos se logró bajar el precio de la energía en un rango de US$ 10 a US$20 por MWh. O sea, vamos a quedar peor”, explica Ricardo Domke, gerente de operaciones de BO Paper, firma que está en Acenor.
Ante esta situación, los grandes consumidores eléctricos buscan estar mejor preparados para ser una contraparte ante la autoridad en los procesos regulatorios. Y para eso quieren reforzar al gremio, que hoy no tiene más de 30 socios, para dotarlo con una estructura más robusta y preparada para abordar los temas técnicos del sector, pues creen que hasta ahora han sido reactivos, han llegado tarde a casi todas las discusiones, o derechamente no los han considerado, porque la energía no es su actividad principal. Y ahora, acota Ricardo Domke, sufren las consecuencias consecuencias.
Pero algunos grandes clientes eléctricos están intranquilos. Ya en estos últimos años sintieron que las rebajas de precios de la energía, que en algunos casos superó el 20%, no llegaron a reflejarse íntegramente en sus facturas, porque cargos adicionales derivados de los cambios regulatorios de 2016 compensaron la baja. Entre ellos figura la reforma a la Ley de Transmisión Eléctrica, que según cálculos del sector, ha encarecido el costo de electricidad de las empresas, en algunos casos incluso por encima de lo que lograron rebajar en sus renegociaciones con las generadoras.
Un ejemplo: un cliente industrial con un consumo anual de 300 GWh —lo que podría consumir una fundición—, tras el cambio a la normativa de transmisión evidenció un alza anual superior a los US$ 2 millones, solo por el ajuste de estos cobros que corresponden, entre otros, al uso de las líneas de transmisión nacional y zonal, que son las redes eléctricas principal y secundaria, anteriormente denominadas troncal y de subtransmisión.
También influyeron los cargos por los servicios complementarios y el cargo por servicio público, monto que financia la operación del CEN, el Panel de Expertos y los estudios de franja para líneas eléctricas. Ahora temen nuevas alzas en sus cuentas eléctricas debido al reajuste de los costos que ya tienen y también por otros cobros que podrían venir, de la mano de las nuevas reformas que el Gobierno tiene en carpeta. Entre ellas, los servicios de flexibilidad para respaldar la variabilidad de la generación eólica y solar; la actualización de la normativa de distribución en la denominada “ley larga”, o la incorporación de tecnologías, como las baterías para almacenar energía.
Agruparse con más industriales de todo el país y luego, incluso, con otros sectores
Aprovechar el explosivo crecimiento del segmento de clientes libres para sumar nuevos socios, que aumenten la representatividad geográfica y de sectores productivos, es uno de los objetivos. Todo comenzó a mediados del año pasado con 15 grandes empresas del Biobío que, con el apoyo de la rama local de la CPC y de Acenor, se unieron para buscar soluciones a estos temas que les preocupan. Además de BO Paper, en este grupo están CAP, Cementos Biobío, Masisa, Inchalam, Moly-Cop, Forestal y Papelera Concepción, Puerto Lirquén, Asmar, Essbio, la textil Crossville Fabric, las químicas EKA Chile y Oxy, y las pesqueras Camanchaca y Blumar.
“En el pasado, la demanda siempre aceptó todos los incrementos sin chistar, pero hoy la realidad de las empresas es distinta, y el momento en el que estamos, como economía y como industrias, es complejo. Todos estamos recortando todos los costos posibles”, asegura Domke. Agrega que el último trimestre de este año oel primero del próximo, van a someterse a una asesoría de planificación estratégica que ahora están licitando, para hacer un levantamiento de todas las organizaciones y clientes libres con potencial para sumarse a la agrupación. En una primera fase, buscan sumar a la mayor cantidad de industriales de todo el país y después abrirse a otros sectores de la economía donde hay empresas que son clientes libres.
Las gestiones que han hecho hasta ahora ante la autoridad les han dado resultado. Entre los logros que ya cuentan, dice Domke, está la decisión de la CNE de corregir la forma de aplicar las tarifas de transmisión. En la reforma se optó por socializar este costo entre todos los clientes del sistema eléctrico, lo que para algunos industriales significó más que triplicar sus pagos por este concepto, ya que antes se les cobraba solo por el tramo de la red que usaban, es decir, mientras más cerca de la red principal estuvieran, menos pagaban.
Con el sistema nuevo asumían el costo, incluso, de las redes de distribución. La solución que lograron fue que la autoridad dividiera la socialización por cada nivel de tensión, lo que les ayudó a mitigar, en parte, los mayores costos. Otro triunfo fue la reducción de la hora punta, un recargo de cuatro veces el precio máximo de la energía, de lunes a sábado, entre las 1800 y 2300 horas, y entre los meses de abril y septiembre. Tras sus gestiones, a partir del próximo año, este cargo —que busca reducir el consumo y que obliga a los clientes a dejar de producir, o bien autogenerar su energía— se reducirá una hora, hasta las 2200 horas, y dejará de aplicarse en abril.
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