Subsecretario Rodrigo Yáñez señaló que el país presentará sus argumentos ante las instancias pertinentes una vez que haya analizado a fondo la solicitud.

Luego de que este lunes la firma de capitales colombianos ISA Interchile anunciara la presentación de una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tras millonarias multas por retrasos en la megalínea Cardones-Polpacio, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) informó hoy en un comunicado que fue notificada de la demanda, acción que alega la violación del capítulo de inversiones del Acuerdo de Libre Comercio suscrito por Chile y Colombia.

En el escrito, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, señaló que Chile presentará sus argumentos ante las instancias pertinentes, una vez haya tenido la oportunidad de analizar a fondo la solicitud de arbitraje hoy notificada.

“Chile tiene una trayectoria indiscutida como un país receptor de inversión extranjera que ofrece a sus inversionistas un trato acorde con sus obligaciones internacionales. Esta afirmación se ve respaldada por el hecho que nuestro país ha enfrentado como demandado un número muy bajo de arbitrajes en materia de inversión y ha resultado victorioso en todas menos una de las oportunidades”, enfatizó la autoridad.

En esa línea, Yáñez aseguró: “Chile es un país con un marco legal y regulatorio claro y estable, con instituciones sólidas, en el que las garantías ofrecidas, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran plenamente vigentes y el Estado de Chile las cumple a cabalidad”.

El conflicto se origina en medio de la construcción de la línea de transmisión eléctrica denominada Nueva Línea Cardones-Polpaico, que consta de tres tramos y entró en operación en mayo de 2019. La empresa incurrió en retrasos de 135 y 499 días para la finalización de los tramos 2 y 3 del proyecto, respectivamente.

Según recoge el escrito de la Subrei, tras la conclusión de sendos procesos administrativos, en los que las reclamantes tuvieron amplias oportunidades para presentar pruebas y argumentos, el Ministerio de Energía determinó, sobre la base de la normativa aplicable, que no existía una eximente de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito u otro) que justificara el total de los retrasos.

Así, y en apego a la legislación vigente, se ordenó el cobro de boletas de garantía y la aplicación de multas a Interchile. Los cobros tuvieron lugar entre marzo de 2019 y febrero de 2020. En sí, las boletas cobradas a la firma superan los US$ 70 millones. Luego, el 7 de abril del año pasado, las reclamantes presentaron al Estado una notificación de disputa por la que manifestaron por primera vez su intención de someter a arbitraje estos reclamos y solicitaron iniciar un proceso de consultas y negociaciones.

“Considerando el texto del Artículo 9.15 del Tratado y la intención del Estado de cumplir a cabalidad los compromisos internacionales asumidos, el Estado llevó a cabo, de buena fe, un proceso de negociación con el objeto de alcanzar una solución amistosa. El plazo inicial para llevar a cabo las consultas se extendió en dos oportunidades, sin que las partes lograran llegar a un acuerdo amistoso que pusiera término a la disputa”, detalló la Subrei.

Experiencia de Chile ante el Ciadi

La Subrei destaca en su documento que en enero de este año el Estado de Chile logró su última victoria, prevaleciendo en el caso presentado por los hermanos Ríos Velilla, controladores de las empresas Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A., en el que los demandantes invocaron el mismo Tratado y las mismas disposiciones a las que hoy se refiere el grupo ISA.

Adicionalmente al caso Ríos Velilla, en los en los últimos 18 meses, el Estado por medio del Programa de Defensa logró obtener dos decisiones favorables con las que se cerraron de manera definitiva el caso iniciado en 1997 por el Víctor Pey ante el organismo internacional, y el procedimiento paralelo iniciado por este mismo demandante bajo las reglas de UNCITRAL en el 2017, logrando dar fin al caso más largo de la historia del Ciadi.