La compañía de capitales españoles envió un oficio a la Comisión Nacional de Energía en el que solicita activar el mecanismo de revisión del precio de la energía establecido en la licitación de 2015/01. Se trata de la primera vez que un suministrador solicita invocar el instrumento legal. Los expertos consultados advierten que se tratará de un extenso proceso.

La discusión tarifaria en el sector eléctrico está sumando una nueva área de conflicto. A las solicitudes que han emanado desde el Congreso para que el Ejecutivo presente por tercera vez un diseño que permita congelar las tarifas que pagan los clientes regulados y la situación financiera crítica de las empresas de generación renovable, cuyos precios pactados están por debajo de los costos promedio del sistema, recientemente se agregó una inédita solicitud que busca revisar los precios de la energía a uno de los contratos de suministro eléctrico que entró en vigencia el año pasado.

Se trata del Grupo Acciona, compañía de capitales españoles que envió a fines de julio pasado una solicitud a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para activar una cláusula establecida en la licitación 2015/01, relativa a la revisión del precio de la energía.

La cláusula funda el derecho a revisar los precios en el artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y los contratos establecidos en esa licitación, los que permitían que los valores podían ser revisados si por causas no imputables a las empresas, los costos de capital o de operación necesarios para servir los contratos de suministro variaban en una magnitud que producían desequilibrios económicos. Además, dicen fuentes que conocieron la presentación, los contratos permiten esas modificaciones en casos de cambios sustanciales en la normativa sectorial, a lo que Acciona estaría apelando con esta presentación.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas del sector eléctrico, la petición de Acciona Energía Chile es la primera en la que un suministrador de energía invoca el mecanismo de revisión de precios, por lo que se trata de una acción inédita en el sector eléctrico chileno.

En la licitación correspondiente a 2015, el grupo de origen español se adjudicó dos contratos con un precio de US$54,9 por MW/h, según información pública presentada por la CNE en el Congreso. La solicitud enviada por Acciona Energía Chile Holdings a la CNE busca ajustar ese valor base en cerca de un 40%, a un valor cercano a los US$77 por MW/h. Aquella cifra, además, debería ser ajustada a una fórmula de indexación incorporada en los contratos de suministro, que considera la inflación de Estados Unidos.

El detalle de la licitación adjudicada en agosto de 2016 contemplaba que la compañía suministraría un total de 506 GWh, por medio de dos plantas eólicas, San Gabriel y Tolpán Sur. Según detalla un oficio remitido en agosto de 2019 por José Venegas Maluenda, secretario ejecutivo de la CNE en ese entonces, el contrato iniciaría su suministro a partir de 2022. Dicho oficio, solicitado por el diputado RN Leonidas Romero, explicita que el precio ofertado por la compañía en en el proceso licitatorio de 2015 fue notoriamente inferior al presentado para el proceso 2013/3-2. En esa ocasión, la compañía se adjudicó 600 GWh a un precio de US$96,5 por MW/h.

La compañía no estuvo disponible para formular comentarios ante las consultas de Pulso.

Extenso y complejo proceso

El proceso de revisión de precios contempla un extenso y largo proceso. Según establece la normativa, este se activa a través de una solicitud enviada por el suministrador, o por la concesionaria de distribución, a la Comisión Nacional de Energía.

Una vez recibida dicha comunicación, la CNE debe citar a las partes del contrato a una audiencia. En dicha audiencia, el solicitante debe presentar los fundamentos y antecedentes que justifican su petición, y además la CNE puede solicitar nuevos antecedentes o correcciones a los criterios de modificación de precios y al nuevo precio propuesto. Con dichos antecedentes o las correcciones solicitadas, se cita a una nueva audiencia para acordar las modificaciones finales.

En caso de no alcanzar un entendimiento entre las partes, cualquiera de ellas podrá presentar, dentro de los primeros 15 días en que sea formalizado el desacuerdo, sus discrepancias ante el Panel de Expertos, órgano colegiado encargado de dirimir los conflictos en el sector eléctrico chileno, y que contará con un plazo de 30 días para resolver la presentación.